En el Consejo de Ministros del viernes 15 de febrero el Gobierno del
Partido Popular presentó un informe sobre el anteproyecto de la llamada
eufemísticamente “Ley para la Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local”. Se trata de una
reforma de la Administración Local que no es tal reforma, sino una verdadera
demolición de los poderes democráticos locales:
1. Esta reforma supone el desmantelamiento de la
democracia local:
ñ La reforma
implica la recentralización y el
control de lo local por parte del Gobierno central.
ñ Ataca a
las competencias y a la autonomía política de los municipios
volviendo a modelos preconstitucionales.
ñ Elimina el
poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público,
fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población
que exige más participación, más democracia y más transparencia.
ñ El
Gobierno central pretende más tutelaje,
menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
ñ La reforma
plantea el tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen
local definidos en el Estatuto de Andalucía y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de
igualdad con las demás.
ñ Hablan de
clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la
Administración Local.
ñ Entra en
conflicto con Estatutos de Autonomía como el de Andalucía, una Ley Orgánica que
forma parte del bloque constitucional y que ya define las competencias propias
de los municipios, mucho más numerosas y
más sociales que las que plantea. Posible conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.
ñ Es un
ataque a la descentralización que
plantea nuestro Estatuto de Autonomía con profundo sentido municipalista.
ñ Hablan de
eliminar duplicidades y competencias
impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias de los municipios
en aspectos tan relevantes como educación, salud o servicios sociales para
pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación.
ñ Los
municipios quedan degradados a las
políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al control de los
Ministerios.
ñ Llaman
profesionalidad y transparencia a la eliminación
de la política en el ámbito local.
ñ Pretenden
recentralizar el funcionariado de la
adminitración local. Los interventores tendrán
control económico-financieros dependiente directamente del Estado central.
ñ La
recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna fiscalización burocrática externa.
ñ Afecta en
mayor o menor grado a la totalidad de los 771 municipios andaluces:
Es
particularmente dura con los 509 municipios (el 66%) de los municipios de menos de 5.000 que podrían llegar a ser
intervenidos unilateralmente.
ñ Los 691
municipios (el 89,6%) menores de 20.000
habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las
diputaciones.
ñ En esos
municipios viven más de 3 millones de andaluces y andaluzas.
ñ Se estima
una pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo en Andalucía
a consecuencia de la pérdida de competencias y las privatizaciones.
ñ Hablan de
limitación de remuneraciones al 82%
de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes; lo demuestra que ese
ahorro sólo sería un 2% del total.
ñ En su
defensa de la Reforma el PP se centra de discurso
populista en la supuesta reducción de cargos
públicos con dedicación exclusiva intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos
municipales y la desactivación de la
democracia y la autonomía local.
2. Ésta es la reforma de la
privatización de los servicios públicos municipales:
ñ Con la
reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo
público y los derechos en vez de para potenciarlos.
ñ El informe
sobre el Anteproyecto de Ley deja clara la intención literal de favorecer “la iniciativa económica privada” y
“ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
finaciera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la deuda sobre
cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma
normativa que está sufriendo la población.
ñ Hablan de
eliminar duplicidades cuando lo que quieren decir es desmantelamiento y privatización
de servicios públicos,
ñ Ningún
dato avala el cumplimiento del supuesto
ahorro neto de 7.129 millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, a no
ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de
servicios, ejercicio de derechos y destrucción de empleo.
3. La
respuesta a esta reforma debe venir desde la rebeldía democrática:
ñ Nuestra
defensa de la democracia participativa
debe reivindicar el papel central de la democracia local para la vida pública y
los derechos. Porque menos democracia local es menos democracia.
ñ Planteamos:
ñ La
necesidad de una ley de financiación
local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base del mantenimiento
de competencias en el ámbito social
ñ La defensa de las competencias
establecidas por el Estatuto de
Andalucía y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
ñ Eliminar las Diputaciones
Provinciales y establecer las transferencias patrimoniales y competenciales a
las comarcas o municipios.
ñ Toda ley
que afecte a una parte del Estado debe negociarse
con la otra como son los Ayuntamientos, cosa que el PP no ha hecho, y las
Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre el régimen
local.
ñ Defendemos
una respuesta de rebeldía democrática frente al desmantelamiento de la democracia
local y los servicios públicos municipales. Una respuesta que provenga de todos
los frentes, la movilización ciudadana
y las instituciones de gobierno. Las
movilizaciones del 28-F son por
tanto el inmediato horizonte.
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