El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cree que sería un "error" que el PP recurriera la medida al Tribunal Constitucional. Las familias cuya vivienda sea expropiada deberán pagar una 25% de su renta
El Gobierno andaluz ha defendido este miércoles la legalidad del polémico Decreto Ley que le permitirá la expropiación temporal de viviendas a los bancos para impedir desahucios y sancionar a las entidades financieras que no alquilen su stock de viviendas vacías.
El decreto, que ha generado discrepancias sobre su legalidad y ha encendido las críticas de la derecha, fue aprobado el martes por el ejecutivo andaluz , formado por PSOE e Izquierda Unida, y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el jueves.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, defiende la constitucionalidad del nuevo decreto y ha apuntado que el Gobierno central cometería un "error" si lo recurriera.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Valderas ha confiado en que el Gobierno central no cometa ese "error de recurrirlo" ante el Tribunal Constitucional porque se posicionaría en "contra miles de voluntades de hombres y mujeres de nuestro país que piensan que hay que adoptar medidas de estas características". Ha insistido en que se trata de un decreto claramente constitucional y en línea con lo que marcan el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Constitución y ha recalcado que sería un "nuevo error" que el Ejecutivo nacional se posicionara "del lado de los bancos y de los sectores especulativos".
