JULIO ANGUITA GONZÁLEZ
11 Dec 12
Mi encuesta particular, elaborada con las innumerables personas que me abordan en la calle e incluso en casa, para preguntar, desahogarse o simplemente compartir frustraciones y cabreos, me señala que para más de un 90% de ellas son seis las causas de la extrema situación de degradación económica, social, política y en la que nos hallamos; las relaciono por orden decreciente de reiteración: - La derecha es la única responsable. - La crisis que “se ha presentado” está en el origen de las cosas. - El actual Gobierno es un conjunto de desalmados - Rajoy y su equipo son unos inútiles. - El Gobierno ha recibido una herencia envenenada - “Hemos vivido” por encima de nuestras posibilidades... A la hora de señalar los casos emblemáticos en los que se detecta el origen de la situación son tres los mencionados: la banca y la deuda pública, los paraísos fiscales y los gastos militares. Este pequeño indicador apenas cambia, en cuanto a contenidos, en las opiniones de los tertulianos de cualquier cadena de radio o televisión. En lo que se notan las diferencias es en el orden en el que las opiniones son expuestas y la importancia que se le atribuye a cada una. Y si reparamos en las declaraciones de los políticos -dirigentes o con representatividad institucional- la cosa no varía apenas. Las excepciones en este caso son bastante minoritarias. No es de extrañar pues que la crítica, el análisis o la percepción ciudadanas no consigan situar con precisión el origen del problema. Para empezar a detectarlo necesitamos la ayuda indispensable de la memoria, de la Historia. El proyecto europeo que cristaliza en la actual Unión Europea (UE) está jalonado por una serie de hitos que comenzando por el Acta Única de 1986 va adquiriendo unas especiales características mediante los Tratados de Maastricht, Amsterdam, Niza, Proyecto de Constitución Europea, Tratado de Lisboa, etc. Este recorrido jalonado por los citados acuerdos y otros de menor entidad ha significado la consolidación del capitalismo financiero. El artículo 104 del Tratado de Maastricht prohíbe “:…la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo (BCE) y por los bancos centrales de los Estados miembros…..en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales”. En consecuencia, los préstamos que el Gobierno español podía recibir del Banco de España a unos intereses que oscilaban entre 0´5% o el 1% quedaban prohibidos y ello obligaba a financiarse a través de la banca privada con unos intereses que oscilan entre el 5% y el 7% (y a veces son del 17%).
